Es necesario replantearnos  y redefinir los alcances de la libertad de expresión en los entornos digitales. Esa pareciera ser la lección, después que se rechazara en el Congreso Nacional el polémico artículo 85 T de la nueva ley de Propiedad Intelectual, que autorizaba a los prestadores de servicios de Internet a bloquear o bajar sitios en los que presuntamente se estuvieran violando los derechos de autor.

Eso nos lleva a preguntarnos si la protección del derecho de autor es tan importante y trascendental como para coartar la libertad de expresión en línea.

La definición de libertad de expresión dada en la Ley de Prensa, toma los tres elementos básicos del derecho a la información tal como lo plantea Desantes. Nos referimos a los derechos a recibir, investigar y difundir mensajes sin ningún tipo de limitación arbitraria.

Según este academico español, la información pertenece a todas las personas, no a un grupo o gremio específico. Es por eso que asegura que el derecho a la información nunca puede ser restringido en aras de proteger el derecho de autor. Es por eso que restringir el acceso o bloquear sitios en los “presumiblemente” se violaría el derecho de autor, es una medida de censura inaceptable.

De acuerdo a lo que plantea Desantes, un contenido sólo podría bajarse por orden de un fallo judicial cuando se atente en contra de los principios de personalidad o comunidad. Es decir, cuando un contenido atente en contra de los derechos a la vida, el honor,  la vida íntima de las personas o ponga en peligro la paz social.

¿Puede bajarse desde Youtube un video que enseña a preparar bombas o clonar tarjetas de crédito? La respuesta de Desantes es que sí, porque pueden dañar tanto física, como moralmente, a las personas. Es decir, el verdadero límite de la libertad de expresión es la vida de las personas, no el derecho de autor.

Pensar lo contrario, es ir en contra de un derecho básico de todos los seres humanos.